Presentación

Amnistía Internacional lleva más de 40 años documentando e informando acerca de la situación de los derechos humanos en el Paraguay, formulando recomendaciones a los sucesivos gobiernos y valorando siempre el mantenimiento de una relación constructiva con autoridades y responsables de la toma de decisiones. Con este espíritu, Amnistía Internacional se dirige hoy al Gobierno Paraguayo, en el 20º aniversario del final del régimen del Gral. Alfredo Stroessner, para examinar algunos de los principales problemas de derechos humanos que afectan al Paraguay.

Las secuelas del último régimen militar siguen estando muy presentes en el Paraguay actual. La justicia ha sido ineficiente a la hora de exigir rendición de cuentas de sus actos a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones forzosas. La impunidad de facto de la que gozan los autores de violaciones de derechos humanos es una constante en el país. Amnistía Internacional cree que los sucesivos gobiernos no han emprendido con firmeza las acciones judiciales necesarias contra las personas acusadas de cometer violaciones a los derechos humanos, no han combatido la impunidad, no han reforzado el Estado de derecho y no han dado prioridad al respeto y defensa de los derechos humanos.

En la República, los motivos de preocupación sobre derechos humanos no han cambiado, en gran medida, desde 1989, ya que problemas muy graves continúan sin abordarse, como la discriminación, la impunidad, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el uso indiscriminado de armas de fuego, la violencia de género y la falta de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables como campesinos e indígenas. Estos son puntos concretos que Amnistía Internacional considera urgentes y que el Paraguay debe incluirlos en un Plan Nacional de Derechos Humanos. La ausencia de atención debida a estos temas hace que se arraiguen y en algunos casos se agudicen. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera urgente que el Paraguay incluya estos puntos concretos en un Plan Nacional de Derechos Humanos.

Con este llamado a Paraguay, Amnistía Internacional conmemora el 20º aniversario del final del régimen del Gral. Alfredo Stroessner y urge al Gobierno Paraguayo a que se comprometa públicamente con la aplicación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluya, como medidas mínimas y urgentes:

COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN, mediante la sanción de la Ley Contra Toda Forma de Discriminación.

ACABAR CON LA IMPUNIDAD, haciendo justicia, reparando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y cumpliendo con las recomendaciones emanadas del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia.

PONER FIN A LA TORTURA y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, mediante la adopción del Mecanismo Nacional de Prevención, a través de una Ley, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

APOYAR LA CONCRECIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO DE ARMAS, liderando el proceso de apoyo dentro del MERCOSUR.

DEFENDER LOS DEREHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES y sus familias, aplicando efectivamente lo establecido en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, asumiendo plenamente la responsabilidad que tiene el Estado de ejercer la diligencia debida para no dejar impune a los/as perpetradores/as y prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todo el territorio nacional. Con este fin, el Gobierno Paraguayo debe aplicar el Programa de 14 puntos para la prevención de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, presentado por Amnistía Internacional en noviembre de 2008.

PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de grupos vulnerables, como campesinos e indígenas, cumpliendo con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

La voluntad política del Gobierno Paraguayo sigue siendo el principal requisito para abordar estas cuestiones con éxito. Sin la asignación de recursos y aplicación de políticas innovadoras e integrales, no se solucionarán estas debilidades y carencias en la protección y promoción de derechos humanos en el país.

Sin una auténtica voluntad política, los cambios reales en la República serán lentos y difíciles y Paraguay seguirá sumido en la crisis que padece actualmente en los campos de la seguridad pública, la administración de justicia, la pobreza y la exclusión por motivos étnicos y de género.

El Gobierno Paraguayo tiene hoy, 20 años después del final del régimen militar, la responsabilidad histórica y acumulada de hacer realidad un plan integral que propenda a la defensa y pleno respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional. La Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, integrada por diversos Ministerios y conformada en diciembre de 2008, debería ser la instancia articuladora que promueva la concreción de este Plan Nacional, en consulta con las organizaciones no gubernamentales que trabajan la temática de los derechos humanos en Paraguay. El Congreso Nacional y el Poder Judicial son, asimismo, responsables de la correcta ejecución de este Plan.

El Paraguay, como república libre y soberana, debe condenar enérgicamente cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos, dentro y fuera de sus fronteras, ubicándolos en el centro de la agenda pública y de cualquier política nacional o internacional.

Amnistía Internacional hace un llamado al Gobierno Paraguayo, para que a partir de este 20º aniversario, la promoción, defensa y plena vigencia de los derechos humanos sean una realidad dentro del Paraguay.

Dr. Julio Torales
Presidente
Amnistía Internacional Paraguay