Combatir la discriminación


La discriminación es un atentado contra la dignidad intrínseca de todos los seres humanos y contra la esencia misma de los derechos que les asisten. Su existencia niega sistemáticamente, a ciertas personas o grupos de personas, el disfrute pleno de sus derechos humanos, por el sólo hecho de su individualidad, identidad o particularidad. Asimismo, la discriminación deshumaniza y labra tierra fértil para que otros tipos de violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, florezcan por doquier.

El 2008 finalizó sin la aprobación del proyecto de “Ley Contra Toda Forma de Discriminación”, presentado en mayo de 2007 por los Senadores Miguel Abdón Saguier y Carlos Filizzola. El dictamen de apoyo firmado en solitario por la Senadora Mirtha Vergara de Franco en junio de 2007, como parte de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de la Honorable Cámara de Senadores, se constituye en el único avance hasta el momento. A la fecha, Paraguay sigue siendo el único país del MERCOSUR que carece de una ley que defina, genere mecanismos, sancione y repare cualquier forma de discriminación.1

A pesar de las campañas promovidas por organizaciones no gubernamentales y particulares en la lucha contra la discriminación, en Paraguay su práctica sigue siendo una realidad. La discriminación hacia ciertos grupos (Personas viviendo con VIH/sida; Pueblos Indígenas; Minorías Sexuales; Personas con discapacidad, entre otros) sigue latente en el país, ejercida por agentes estatales y parte de la sociedad.

Personas viviendo con VIH/sida:

La ausencia de legislación que prohíba la discriminación y tipifique sanciones para quien discrimina y la persistencia de la Ley 102/91 –claramente discriminatoria– contribuyen a la mala comprensión con respecto a la epidemia y perpetúan el estigma sobre las personas que viven con VIH/sida en Paraguay.2

Señal esperanzadora se constituye la presentación, el 16 de diciembre de 2008, del proyecto de Ley "Que Establece Derechos, Obligaciones y Medidas Preventivas con relación a los efectos producidos por el VIH y sida", elaborado por una Comisión Interinstitucional integrada por Amnistía Internacional Paraguay, la Fundación Vencer, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la Red de ONG's que trabajan en VIH y sida, UNICEF Paraguay, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Nacional de Control del Sida/ITS (PRONASIDA), y que fuera asumido por la Senadora Ana María Mendoza de Acha, con el acompañamiento de la Senadora Iris Rocío González. Es de esperar ahora que el Congreso Nacional sancione este proyecto de Ley, que beneficiará de sobremanera a las personas que viven con VIH/Sida en el país.

Pueblos Indígenas:

“Las naciones originarias, los paraguayos y paraguayas, son los primeros propietarios del futuro de sus recursos naturales; de su goce e incluso de su explotación productiva racional. Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien los convoque a reapropiarse de sus tierras. Estas tierras de ahora en más no solo serán sagradas para su cultura sino –valga la figura– sagradas para la aplicación de la ley. Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persiga tendrá la misma impunidad que tuvo siempre. El delito contra un indígena debe dejar de navegar en las aguas de la impunidad”.
S.E. Don Fernando Lugo, discurso de asunción presidencial, agosto de 2008

Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas siguen siendo discriminadas en razón de su origen étnico, cultura y lengua, como consecuencia de políticas gubernamentales discriminatorias. Los pueblos indígenas del Paraguay necesitan urgentemente de medidas gubernamentales fuertes, justas, equitativas y efectivas para la protección de sus derechos humanos. Hasta ahora el Estado Paraguayo, a través de los organismos competentes, está lejos de dar las respuestas necesarias para mejorar su calidad de vida.

Minorías Sexuales:

La falta de una política antidiscriminatoria en Paraguay posibilita que se generen y perpetúen diversos tipos de discriminación y tratos crueles, inhumanos y degradantes por razones de orientación, opción, preferencia o identidad sexual. En consecuencia, también se mantiene la vulneración de derechos e impunidad generalizada surgida de estos hechos.3

Personas con discapacidad:4

Las políticas públicas para resolver las necesidades de las personas con discapacidad han estado ausentes desde siempre en el Estado Paraguayo y, lamentablemente, siguen estándolo.

No obstante, con la ratificación de la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, el país ingresa a un momento clave en la revisión de las condiciones que genera para garantizar los derechos de este sector, tradicionalmente postergado en todos los ámbitos de la política pública (sobre todo en educación, salud y empleo), en el ejercicio de su autonomía y en su participación en la vida política de la comunidad. La implementación de la Convención brinda una oportunidad importante al Estado Paraguayo a que mejore la institucionalidad que se requiere para aplicar estos principios.

Amnistía Internacional insta al Gobierno Paraguayo a combatir la discriminación en el país, comprometiéndose a:

  • Sancionar el proyecto de Ley “Contra Toda Forma de Discriminación”, que reglamenta el artículo 46 de la Constitución Nacional;
  • Sancionar el proyecto de Ley "Que Establece Derechos Obligaciones y Medidas Preventivas con relación a los efectos producidos por el VIH y sida";
  • Desarrollar políticas públicas que garanticen a los pueblos indígenas el pleno respeto a sus derechos, condenando las discriminaciones y exclusiones en razón de su origen étnico, cultura y lengua y cumpliendo con los estándares mínimos de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, adoptada en septiembre de 2007 con el voto favorable de la República del Paraguay;
  • Derogar aquellas normas jurídicas discriminatorias y adecuarlas conforme los principios de igualdad. En especial: el Código Penal y el Código Civil, en sus disposiciones discriminatorias por razón de sexo y de orientación u opción sexual; y el Código Laboral, en su regulación injusta respecto al trabajo doméstico remunerado, así como las leyes que excluyen a las trabajadoras domésticas de beneficios de la seguridad social;5 y,
  • Implementar lo establecido en la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, recientemente ratificada por la República.
Tte. Rodolfo Zotti 352 entre J.E. Estigarribia y Emilio Hassler • Asunción - Paraguay
Tel: 021 604 822 • e-mail: campaigner@py.amnesty.org