Promover los derechos económicos, sociales y culturales

En 1992, la República del Paraguay ratificó a través de la Ley de la Nación Nº 04/92, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Con la firma del Pacto, el Estado Paraguayo se comprometió, entre otras cosas, a dar una vida digna para toda persona y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia. Asimismo, se reconoció el derecho de toda persona a estar protegida del hambre, de disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y de acceder a la educación.

No obstante, 16 años después, en el Paraguay de hoy, este compromiso parecería no haberse cumplido. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la inequidad entre los más ricos y los más pobres en el Paraguay hace que el país ocupe el puesto 95 de 177 países a nivel mundial.¹⁷ De los aproximadamente 5.946.471 de personas que habitan la República, el 35,6% vive en la pobreza y el 19,4% en la extrema pobreza.¹⁸ Si bien el porcentaje de pobreza total se ha reducido desde el 2004, el porcentaje de pobreza extrema se ha incrementado de manera preocupante.

Esta alarmante situación representa desconocimiento y vulneración de derechos humanos en el Paraguay, como el derecho a la salud, a la educación, a una vida digna, a la vivienda, a la seguridad, derecho a un ambiente sano, derecho al trabajo, entre otros. Estos abusos de derechos humanos muchas veces son causa de la pobreza en la que vive la gente o la agravan considerablemente.

La ausencia de políticas públicas enfocadas a la reducción de la pobreza, sumada a la aplicación de algunas políticas inadecuadas, ensombrecen el escenario económico del país, tornándolo cada vez más abrumador. La falta de empleo, un sistema sanitario con elementos aparentemente sesgados y discriminatorios y una educación para pocos configuran al Paraguay como uno de los países más pobres de la América hispanohablante. La desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales en el Paraguay es altamente preocupante. La incidencia de la pobreza extrema en los indígenas de Paraguay es casi ocho veces mayor que la incidencia en el resto de la población. El acceso a la tierra es el principal reclamo de la mayoría de los pueblos indígenas, gremios y organizaciones campesinas.

A finales de 2007, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas examinó la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el Paraguay, analizando el informe oficial y el presentado por organizaciones de la sociedad civil referente al cumplimiento del PIDESC.

El CDESC señaló, entre otras cosas, la lentitud en la realización de la reforma agraria, la expansión del cultivo de la soja que ha traído aparejado el uso indiscriminado de agro-tóxicos con gran riesgo para la salud, los numerosos casos de desalojo forzoso del cual han sido víctimas familias campesinas e indígenas, el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en sus operativos, y la no adopción de una política nacional de vivienda destinada especialmente a áreas rurales.¹⁹

Amnistía Internacional recuerda que a fin de afrontar, desde una perspectiva de derechos humanos, los problemas sociales, laborales, económicos, y otros relacionados a la salud, la educación y al acceso a tierras que vive el país, el Gobierno Paraguayo debe comprometerse a:

• Seguir un enfoque basado en los derechos humanos al concebir, aplicar y evaluar cualquier tipo de política de contenido social, en el marco de las normas internacionales y regionales de derechos humanos;
• Aplicar una estrategia que propenda a la eliminación de la discriminación en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y en la que los grupos vulnerables y marginados interesados tengan una participación valiosa y activa;
• Incrementar esfuerzos para acelerar la demarcación y recuperación de tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, garantizando que cuenten con el título legal de las mismas;
• Ejecutar una reforma agraria integral, que beneficie a los/as campesinos/as sin tierra del país; y,
• Tomar medidas concretas, incluyendo aquellas de orden legislativo, para: a) evitar violaciones a los derechos humanos en el contexto de conflictos por la tierra; b) que los reclamos de las familias campesinas e indígenas sean efectivamente atendidos por la justicia y que se dé curso legal a las denuncias presentadas; c) asegurarse que el Poder Judicial en sus decisiones tome en cuenta las disposiciones del PIDESC; y d) investigar, juzgar y no dejar impunes a los responsables de desalojos forzosos y violaciones conexas a los derechos reconocidos por el PIDESC.²⁰